EL DERECHO A LA SALUD Y A MORIR DECENTEMENTE
La muerte es un proceso natural o inducido que significa la finalización de la vida, pero en tiempos de Covid-19, como seres humanos, este proceso nos viene a plantear varias interrogantes ante escenarios no tan alentadores como son el derecho a la salud y a morir decentemente.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS)… “el derecho a la salud para todas las personas significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud que necesita, cuando y donde los necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras”.
Hablando de México, cuyo derecho a la salud y formas se establecen en el artículo 4º y 73º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un ente público debería de garantizar a todos sus ciudadanos el grado máximo de salud o por lo menos cierto nivel aceptable de salud. Sin embargo, estamos ante una estrategia de salud fallida.
Claudia Gómez Montealvo
Estudios de Postgrado en Ciencia Política, Universidad de Oxford, Inglaterra.
Maestra en Administración y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis, A.C.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Estudios en Derecho por la Universidad del Centro de México.
Asesora de Gobiernos federales, estatales y municipales
Consultora de diversas legislaturas del Congreso del Estado de San Luis Potosí
Activista de diversos colectivos y asociaciones civiles, con enfoque en derechos humanos, prevención del delito, mujeres, cultura y educación.
No existió o por lo menos no se planearon los distintos escenarios con diferentes alternativas. Solo basta ver el panorama y sufrimiento de las personas que enferman por covid-19 o mueren a causa de este, para darnos cuenta que en ningún momento se privilegió el derecho a la salud, a la vida y mucho menos a morir dignamente.
Las experiencias que viven los enfermos, así como sus cuidadores, familiares y médicos, relatan la situaciones a las que se han enfrentado, que van desde la dificultad de conseguir una cama en un hospital público o privado, un tanque de oxigeno, hasta la falta de medicamentos y atención médica oportuna.
Existen familias que pueden enfrentar estás situaciones en cuanto a la cuestión económica, pueden llamar a sus médicos particulares, pagar una ambulancia para trasladarse al hospital, si es el caso, así como adquirir todos los medicamentos y artículos necesarios para contrarrestar esta pandemia, aunque esto no garantice vivir o fallecer por esta causa.
Pero, también existen aquellas personas que financieramente no pueden tener acceso a algún medicamento, pagar un traslado al hospital o alguna clínica de salud, contar con un acompañamiento de un familiar y mucho menos la atención médica de un particular.
En el caso de los profesionales de la salud, el panorama tampoco es alentador, tanto para aquellos que son privados como públicos, enfrentan limitaciones en cuanto a los insumos médicos para tratar a los pacientes, enfrentan largas jornadas de trabajo, además de ser las personas más expuestas a contraer Covid.
Derivado de este contexto, existe otro tema a tratar, que son las defunciones por esta causa. Si, ¡la muerte!, en toda la extensión de la palabra y lo difícil de ella en tiempos de pandemia, donde miles de familias además de lidiar con el estrés que provoca la enfermedad, tienen que enfrentar la búsqueda de espacios para la inhumación o cremación del cuerpo de su difunto, así como los precios no regulados por estos servicios, así como la diversos trámites que esto implica.
Sumado a esta situación, las restricciones sanitarias han limitado los rituales propios de nuestra cultura, como lo son las velaciones y misas para acompañar al ser querido, símbolos que permiten a los parientes expresar, validar y lidiar con el dolor ante la pérdida.
En cifras proporcionadas por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal al 28 de febrero de 2021 se contaban 2 millones 089 mil 281 casos acumulados de Covid-19, así como 186 mil 152 muertes relacionadas con la enfermedad. Un millón 639 mil 943 personas ya se recuperaron, y 434 mil 544 permanecen como casos sospechosos, mientras que 2 millones 936 mil 867 fueron casos negativos.
Sin dudas estas cifras podrían ser menores si el estado mexicano hubiera implementado políticas públicas de prevención, bien diseñadas, dejando a un lado las improvisaciones.
El enfrentar una pandemia y obtener buenos resultados en medida que se obtenga el menor número de afectados por esta situación, es un reto que tiene que asumir el gobierno en correspondencia con sus ciudadanos en medida que se protejan sus derechos humanos universales, como son el derecho a la salud, a la vida y en su caso que se cuenten con los elementos necesarios para tener una muerte lo más decente posible.
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