LA PERCEPCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, UN REGULADOR DE LA LEGITIMIDAD DEL ESTADO MODERNO LATINOAMERICANO.

Por  Carlos Saúl Mena Carmona.

Latinoamérica es una zona geopolítica que guarda una sensible relación con las nociones de vigencia y vivencia de los derechos humanos. La historicidad del estado latinoamericano, una y otra vez, nos coloca de frente a un panorama donde acontecen luchas en las que sectores de la población y administraciones de los poderes públicos se enfrentan. Esto arroja como resultado conflictos que resuenan en la opinión pública internacional.

Este panorama nos permite señalar, con un alto grado de certeza, la existencia de una constante. La percepción de vigencia y vivencia de los derechos humanos y el desarrollo general son reguladores de legitimidad del poder público en turno.

En pocas palabras, el sentimiento generalizado de bienestar de la población, el conocimiento y respecto de sus derechos humanos, suelen mantenerse en una tensión que, en el estado democrático contemporáneo, habla de los niveles de armonía social. En menor grado diríamos que los derechos humanos y el desarrollo se mantienen como equilibrios de la legitimidad de los gobiernos.

Para Latinoamérica el último año ha sido terrible, «… se estima que en 2020 la tasa de pobreza extrema se situó en 12,5% y la tasa de pobreza alcanzó el 33,7% de la población…»^[1]; eso da una idea de un preocupante desajuste en péndulo de la legitimidad de los poderes públicos en Latinoamérica.

El incremento de atribuciones para las autoridades y el desajuste de acuerdos constitucionales, constituyen medularmente una ampliación de los límites del poder público ante la población; ello disminuye necesariamente la percepción generalizada de los derechos humanos; no debemos dejar pasar que un estado que guarde las formas del anhelo democrático contemporáneo, se erige sobre una base de intervención mínima. En voz de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE- «… los países que han establecido controles y equilibrios en el poder del gobierno también garantizan derechos básicos…» ^[2].

Con las dos premisas ya expuestas, la conclusión no es otra, la legitimidad de las administraciones públicas latinoamericanas que se ubican en estos supuestos están a poco de la stais.

Aterrizando en México, contamos con todas estas condiciones. Ahora, fortuitamente, encontramos en las elecciones intermedias un «mejoralito». Los efectos de este placebo pueden tornarse en permanentes o traducirse en el catalizador de un fenómeno de colapso social como pocas veces hemos visto. Sólo la certeza de un proceso democrático donde se represente con claridad la voluntad general, disminuirá los índices de conflicto. Sin que ello denote su solución.

Debemos tener en claro que en el termómetro de la legitimidad de los poderes públicos en Latinoamérica, la percepción de vigencia y vivencia de los derechos humanos juega un papel primordial; si la población en general no advierte voluntad política para consolidar los espectros de dignidad, igualdad, justicia y regularidad normativa, las consecuencias no podrán ser otras que las que auguramos en estas líneas.

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^[1]Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-; https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-provoca-aumento-niveles-pobreza-sin-precedentes-ultimas-decadas-impacta#:~:text=Seg%C3%BAn%20las%20nuevas%20proyecciones%20de,%2C7%25%20de%20la%20poblaci%C3%B3n.
^[2] OECD (2020), Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2020, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1256b68d-es.

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