Por redacción.
La Confederación patronal de la República Mexicana (COPARMEX) lamentó que el gobierno federal no otorgó prórroga a la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación, ya que al no dar el tiempo adecuado para la implementación de ésta tendrá como consecuencia el riesgo de perder empleos y afectar a por lo menos tres sectores de la economía.
Se calcula que hay al menos 50 mil empresas, la mayoría Micro, Pequeñas y Medianas (Mipymes) donde se encuentra toda la cadena de proveeduría, que no han podido conseguir el Registro de Prestadoras de Servicios Especializadas y Obras Especializadas (REPSE). Con esto, esas empresas podrían caer en incumplimiento, multas o incluso desaparecer.
Entre los sectores que considera la COPARMEX que tendrán la mayor afectación se encuentran el de la construcción, el de seguridad y el de servicios de promoción de productos en pisos de venta.
A través de un comunicado la COPARMEX expresó que “Desde las discusiones previas a la aprobación de la reforma, en el mes de abril, solicitamos que el plazo de entrada en vigor fuera al primero de enero de 2022, por estar inmersos en una condición de pandemia y las inconveniencias que esto representaba. Posteriormente, publicada la reforma, hicimos nuevamente esa petición por considera insuficiente el plazo para todas las adecuaciones en las que se verían inmersas las empresas; lo señalado quedó comprobado con la prórroga que se concedió al 1° de septiembre, aunque nuevamente destacamos era insuficiente y que debía homologarse con el plazo concedido a las empresas del sector público”.
De acuerdo con cifras oficiales actualizadas, 106 mil empresas habían iniciado el trámite en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y solo 48 mil 444 lo habían obtenido.
Pese a que este registro continuará para que las empresas puedan concluir el proceso, siguen existiendo dudas en los criterios de interpretación de la autoridad respecto a algunos sectores e industrias, generando confusiones como en el de la construcción, servicios de seguridad, la actividad de promotoría de productos, entre otros, que podrían enfrentar paros en sus operaciones, pues al no estar registradas las facturas que emitan no serán deducibles.
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