Por redacción.
APROBADA.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Guardia Civil Estatal. Se indica que la Guardia Civil Estatal es una autoridad de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependencia centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, y tendrá como fin el salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades, contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, y llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con los demás ámbitos de Gobierno.
QUE PAGUEN.- La Comisión de Desarrollo Económico del Congreso Estatal informó que se analizará la propuesta para hacer extensivo el cobro del impuesto sobre hospedaje a las plataformas digitales que ofrecen en renta inmuebles, a fin de armonizar los cobros y establecer el mismo criterio. Se explorará la forma en que pueda hacerse el cobro de este impuesto a dichas plataformas, y que puedan estar incluido en un fideicomiso que se dedique únicamente a la promoción turística del estado.
CREACIÓN.- También la Comisión de Desarrollo Económico inició el análisis de la iniciativa que propone reformas a los artículos 4° y 9° de la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí, a fin de que los ayuntamientos con importancia turística, en el ámbito de sus atribuciones, cuenten con la denominada “Policía Turística”, que realicen tareas de proximidad social, vigilancia y prevención del delito, así como apoyo al turista en hechos delictivos.
NUEVA LEY.- La Comisión de Asuntos Indígenas inicia el análisis de la iniciativa de la nueva Ley de Consulta y Participación Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, y abrogar la actual Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. La presidencia de la comisión, informó que esta iniciativa busca perfeccionar el ejercicio de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, para que sea un marco normativo más amigable, productivo y que permita mejorar el proceso de consulta. Tendrá una mayor participación de los habitantes de los pueblos originarios, sin soslayar las responsabilidades y obligaciones que tienen los entes consultantes, como lo establece la ley en este momento.
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