APROBÓ EL CONGRESO DEL ESTADO REFORMAS A LA LEY ELECTORAL; A LA ÓRGÁNICA DEL CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y A LA DEL ESTADO.

Con el objetivo de que los recursos que se obtengan por la imposición de sanciones económicas por infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral, se destinen al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, el pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad, reformar diversos artículos de la Ley Electoral del Estado; de la Ley Orgánica del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología del Estado de San Luis Potosí; y de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de San Luis Potosí.

Se crea un Comité Técnico y de Administración del fondo derivado de las multas electorales, que estará integrado por trece miembros propietarios y sus respectivos suplentes, quienes tendrán derecho de voz y voto, y estará integrado por:Un Presidente o Presidenta; el Legislador o Legisladora que dirija el Instituto de Investigaciones Legislativas “Diputada Matilde Cabrera Ipiña”; un magistrado o magistrada que designe el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; la persona titular de la Contraloría General del Estado; cuatro representantes titulares de dependencias del Gobierno Estatal, que tengan a su cargo el despacho de los asuntos relacionados con educación; desarrollo económico; finanzas; y ciencia y tecnología; uno de los cuales presidirá el Comité.

Además, tres representantes titulares de instituciones de educación superior, públicas o privadas, y centros públicos de investigación, en el Estado, relacionados con el objetivo del fondo; dos representantes del sector empresarial, titulares de las principales cámaras y asociaciones en el Estado.

Para su operación, el Comité Técnico y de Administración contará con dos elementos de apoyo, con voz pero sin voto: un secretario técnico designado por el órgano de gobierno del COPOCYT, y un secretario administrativo designado por el órgano de gobierno del COPOCYT. Todas las personas titulares deberán nombrar a quien les supla, en los términos que establezcan las reglas de operación.

En otros dictámenes se aprobó por unanimidad, el decreto que reforma los artículos y fracciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, para establecer atribuciones a la Secretaría General de Gobierno de establecer las acciones y medidas específicas para la reeducación social del agresor; y a la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana para establecer medidas y acciones específicas para la reinserción social de la persona agresora.

También por unanimidad, se aprobaron modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer como atribuciones de la Junta de Coordinación Política, el “designar, de entre las o los servidores públicos del Congreso, a la persona que supla las ausencias temporales o definitivas de las o los titulares de los órganos de soporte técnico, de apoyo, administrativos, y de control a que se refiere el artículo 126 de esta Ley, en tanto se determina la nueva designación”.

Con esta modificación, se prevé la actuación del Congreso del Estado, ante la hipótesis de la falta temporal o definitiva de cualquiera de las o los titulares de los órganos de soporte técnico, de apoyo, administrativos, y de control, situación que en su caso podría provocar que las tareas encomendadas a esas instancias generen una parálisis parcial o total del aparato legislativo.

A las comisiones legislativas, se turnó la correspondencia enviada por los ayuntamientos y organismo paramunicipal; los poderes de otras entidades del país; particulares; así como las iniciativas y Punto de Acuerdo planteadas por las y los integrantes de la LXIII Legislatura.

En Asuntos Generales, la diputada Bernarda Reyes solicitó intervención de las autoridades para atender los casos de violencia contra las mujeres.