UNIVERSITAS

Por Claudio García

 El apoyo del Estado a las universidades autónomas en México se rige por el principio de autonomía universitaria, que está consagrado en la Constitución de México. La autonomía universitaria es un principio que reconoce que las instituciones de educación superior tienen la capacidad de autogobernarse en asuntos académicos, administrativos y financieros sin interferencia del gobierno. Sin embargo, el Estado tiene el deber de proporcionar apoyo financiero y respetar la autonomía de estas instituciones.

Respecto al Financiamiento, el Estado (federal o estatal), a través de los presupuestos gubernamentales, asigna recursos financieros a las universidades autónomas para que puedan llevar a cabo sus actividades académicas, de investigación y de extensión. Estos fondos son esenciales para mantener la calidad de la educación superior y garantizar el funcionamiento de las instituciones.

El Estado  debe respetar la capacidad de las universidades autónomas para tomar decisiones académicas y administrativas sin injerencia externa. Esto incluye la elección de rectores, la definición de planes de estudio y la GESTIÓN DE RECURSOS. 

Sin embargo, con el respeto a la autonomía, el Estado tiene el deber de supervisar y evaluar la CALIDAD de la educación superior en México. Esto se hace a través de organismos como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL). Estos organismos supervisan la calidad de los programas académicos y aseguran que se cumplan los estándares de calidad.

El Estado puede otorgar fondos específicos para la investigación y el desarrollo en las universidades autónomas, con el objetivo de fomentar la generación de conocimiento y la innovación en el país. También debe promover la inclusión y la equidad así como brindar oportunidades de acceso a la educación superior a grupos marginados y desfavorecidos a través de becas y subsidios

Pero el apoyo del Estado, ya sea de a parte federal o estatal, a las universidades autónomas, deberá realizarse de manera transparente, equitativa y de acuerdo a las necesidades del país o de la entidad en términos de educación y desarrollo.

Las universidades tienen una gran responsabilidad frente a la autonomía que se les otorga, ya que es un principio fundamental que les protege y les da independencia académica, pero también implica el uso claro y responsable de los recursos de manera efectiva y en beneficio de la sociedad.

Más claro: “La autonomía de gestión se refiere a la capacidad de las instituciones educativas para tomar decisiones relacionadas con su funcionamiento interno, incluyendo la administración de recursos financieros, la formulación de políticas académicas y la toma de decisiones administrativas sin interferencia indebida del gobierno”.

También las universidades cuentan con recursos propios, que estas mismas generan, esos recursos las audita el ámbito federal, no el estatal, además de su propia contraloría interna. Cuando los estados

pretenden o quieren meter sus manos en las universidades lo hacen vía los estudiantes o grupos de académicos o administrativos que controlan desde alguna de sus dependencias. Esto viola la autonomía. Esto es histórico desde aquellos grupos porriles hasta lograr aglutinar egresados de los cuales poder surtir su proyecto. Sucedió en la UNAM y se replicó en las universidades estatales.

La UASLP no ha estado exenta de lo citado, pero desde Lastras ha entrado en una etapa de tranquilidad, los rectores que le siguieron fueron constructores de edificios y ampliaron algunos campus al interior del estado.

Hoy la UASLP enfrenta el reto de modificar un plan de estudios que le gane al tiempo y les de elementos a sus estudiantes para poder ser contratados en empresas o emprendedores con las capacidades suficientes para los mismo ser administradores que generadores de proyectos. 

Pero, también, requiere generar mayores recursos propios a través de prestar sus servicios, lo mismo en laboratorios como en talleres o en la investigación, para lo cual se crea la Secretaría de Vinculación Social.

Frente a este reto el Consejo Directivo Universitario, con conocimiento o sin el, eligió un rector emanado de la Escuela de Medicina, la de mayor prestigio de la UASLP, y con una visión académica pero también de vinculación a la sociedad y a los sectores productivos, así es el Doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra.

A Zermeño Guerra le toca el festejo de los cien años de autonomía de la institución y planear la siguiente etapa académica, la renovación de la Máxima Casa de estudios potosina y convertirla en es motor de cambio y mejora continua que demanda la sociedad. También a él le corresponde que la UASLP se integre, desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos, a una nueva etapa donde se respete la diversidad, la inclusión y cuyos egresados correspondan con una visión global de lo que hoy se vive y sean en cualquiera de ámbitos del quehacer que eligieron, dignos representantes de la su universidad y de San Luis Potosí.

La reelección del rector está en puerta y por eso brotan grupos que pretenden controlar a la institución, es tiempo de que se den cuenta que lo que hizo Alfonso Lastras fue pacificar a la UASLP con miras a que esta lograra recuperar su prestigio y dejara de ser un “nido” de porros, golpeadores, “saltadeores” y de presión política. 

Hoy se requiere ir al futuro que le demandan cien años de autonomía y que sea respetada por todos los actores políticos. Dejen trabajar a esta rectoría y que concluya éste y el siguiente periodo para que el proyecto de una universidad con visión de globalidad y caminando en el siglo XXI logre posicionar a sus egresados como líderes en cada uno de sus ámbitos. Una universidad fuerte cuya identidad la distinga y haga distinguir a estudiantes, académicos, administrativos comprometidos, con un enfoque estratégico y bajo un esfuerzo conjunto, caminando a un nuevo siglo de Autonomía.