«Si queréis conocer a un hombre, revestidle de un gran poder.
El poder no corrompe; desenmascara».
Pitaco de Mitilene
Por Marco Antonio Zárate
La sociedad mexicana luchó encarnizadamente contra el poder despótico que por 70 años mantuvo el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Y es que en todo ese período, no hubo partidos que representaran verdadera oposición. Los pocos institutos políticos que surgieron tuvieron limitados partidarios como para hacerle ruido al PRI. El Partido Comunista Mexicano, PCM, uno de los más viejos, creado en 1919, tenía pocos seguidores; y otro, el Partido Acción Nacional (fundado en 1939), PAN, no se preocupó por crear una base amplia de partidarios…
La desazón en contra del PRI, surgió desde sus propias entrañas. A mediados de los 80’s, unos pocos miembros de ese instituto comenzaron a crear, dentro del propio partido, una fracción que estaba en contra de la obediencia servil y a favor de su democratización. El pequeño grupo no tardó mucho en desencajar ante la mansedumbre y sumisión de la mayoría priista a la línea recibida de «Los Pinos». Dentro de la disidencia priista, autonombrada «Corriente Democrática», descollaban: Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo y Rodolfo González Guevara. Ellos, con otros partidos y movimientos, conformaron el «Frente Democrático Nacional», FDN, que en 1988 postuló a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de la República, en contra de Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI.
Recordemos que esas competidas elecciones fueron las últimas organizadas por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Federal Electoral. Ese fue el mecanismo eficaz mediante el cual el PRI retuvo tantos años el poder… Siendo juez y parte. De manera tácita el tricolor había hecho suya la frase de Porfirio Díaz: “Quien cuenta los votos gana las elecciones”. En síntesis y para que quede claro a las nuevas generaciones: antes de 1988 no existía el Instituto Federal Electoral, IFE, antecedente del actual Instituto Nacional Electoral, INE.
Durante esas competidas elecciones —1988—, entre PRI y Frente Democrático Nacional, el sistema de conteo de votos comenzó a mostrar clara ventaja de Cuauhtémoc Cárdenas, del FDN, por encima de Carlos Salinas de Gortari del PRI. No olvidemos que la Comisión Federal Electoral era parte de la Secretaría de Gobernación, al cuyo frente estaba nada más ni nada menos que Manuel Bartlett Díaz. Y fue él, Bartlett, el responsable de “apagar” el sistema de conteo de votos para ganar tiempo y maniobrar interna y externamente para ocultar el triunfo cardenista. Cuando los medios y la ciudadanía clamaban por información y restablecimiento del sistema, Bartlett se limitó a decir: «Se cayó el sistema». Nunca más se reestableció, al tiempo que se comenzó a esparcir el rumor de que el espurio Carlos Salinas había ganado las elecciones. Para completar el fraude, el 6 de mayo de 1989, un “oportuno” corto circuito provocó fuego en un recinto de la Cámara de Diputados —curiosamente donde se resguardaban las actas y boletas de la elección— en medio de la polémica victoria de Carlos Salinas de Gortari…
Esa arbitraria y concertada acción de despojo a la «voluntad» ciudadana hay que tenerla siempre presente, porque fue la fértil simiente que dio pie al surgimiento del IFE ciudadano. Que quede claro: no fue concesión del PRI. Fue el movimiento ciudadano pacífico, organizado, pero resuelto a no permitir ni una elección más a manos del fraudulento gobierno. A partir de ese controversial proceso electoral, la ciudadanía sería responsable de organizar y llevar a cabo los procesos electorales mediante un organismo ciudadano autónomo confiable, el IFE. Así pues, en 1990, dos años después del proceso electoral de 1988, nació el IFE:
“Como resultado de las Reformas realizadas a la Constitución en materia electoral, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y ordena la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), a fin de contar con una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales”. (1)
Y es que si algo caracterizó al gobierno de AMLO, fue la mentira, el incumplimiento sistemático de promesas de campaña, y, lo más perverso, atizar cotidianamente desde su púlpito mañanero la división de los mexicanos. Otras acciones que definieron su gestión fueron adjudicar actividades tradicionalmente realizadas por trabajadores de la administración pública al ejército.
Contrastemos estas líneas de su discurso del 1 de julio en el Hotel Hilton tras saberse ganador de la elección:
Posteriormente, con la reforma político-electoral de 2014, el IFE cambió a Instituto Nacional Electoral, INE, para convertirse en autoridad de carácter nacional a fin de homologar los estándares con que se organizan los procesos electorales federales y locales, estas últimas en coordinación con los organismos electorales de cada entidad.(2)
Muy oportuno es un recuento histórico, ahora que la 4T, cualquier cosa ello signifique, pretende regresar la organización de las elecciones al gobierno federal. Hay que tener presente que el IFE fue garante de la alternancia política en la presidencia de la República, al avalar por primera vez en el año 2000, el triunfo del candidato panista Vicente Fox Quezada. En 2006, con apretado triunfo, a Felipe Calderón Hinojosa, también por el PAN. Para el proceso electoral de 2012, la ciudadanía optaría nuevamente por un candidato del PRI: Enrique Peña Nieto. En 2018, el IFE transformado en INE, posibilitó nuevamente la alternancia política al reconocer el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, candidato por el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena; y en 2024, el INE de la presidente Guadalupe Taddei, daría el triunfo a Claudia Sheinbaum Pardo, CSP, también de Morena…
En abril de 2023, Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del INE, dejó el cargo al concluir el período para el que fue electo por la Cámara de Diputados en abril de 2014. Cabe decir, que también sus tres predecesores: José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés Zurita, fueron electos por mayoría en la Cámara de Diputados, a diferencia de la presidente Guadalupe Taddei Zavala que al no haber consensos en el Congreso para elección del nuevo consejero presidente del INE, fue designada por sorteo, resultando ganadora al más puro estilo de la 4T: mediante “tómbola”. (3)
La nueva consejera presidente del INE, se desempeñaba como titular del instituto de transparencia de Sonora, por tanto personaje cercana a Morena. Es familiar del superdelegado del gobierno federal en el estado de Sonora, Jorge Luis Taddei y tía de Pablo Daniel Taddei Arriola, director de la empresa LitioMX, hijo de Jorge Taddei Bringas, delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora, digo, para que no haya dudas… A todas luces hay suficientes bases para “sospechar” porqué en las pasadas elecciones el INE simplemente dejó pasar las múltiples “irregularidades” observadas…
Infiltrado el INE con “simpatizantes” de la 4T, que pueden operar desde lo que alguna vez fue organismo ciudadano autónomo, había que ir por el “carro completo”. El apetito de AMLO no se limitó y, como dicen en el rancho: ya encarrerado el ratón…, pugnó por concentrar, centralizar y controlar los tres Poderes de la Unión, para lo cual envió en septiembre de 2024 un paquete de 20 iniciativas para disfrazar las que —a mi juicio— realmente le importaban:
1) La Reforma al Poder Judicial.
La idea es moldearlo —léase someterlo al Ejecutivo— a través de un amañado proceso electoral, oneroso (más de 13 mil millones de pesos), carente de viabilidad y completamente controlado por Morena para aniquilar la incipiente democracia en México. Sin jueces imparciales, la 4T no ve cómo puedan desplazarla del poder. Desde el púlpito mañanero la presidenta con “a” dijo cómo votar, las instituciones y dependencias de los tres órdenes de gobierno también lo hicieron abiertamente y los “Servidores de la Nación” repartieron sin ton ni son acordeones para dirigir el sufragio de los votantes. Y la pregunta es: ¿Cuándo se pidió una reforma al Poder Judicial? Si acaso habría que empezar por los cimientos: las fiscalías y eso no se toca…
2) La Reforma Electoral.
El objetivo es sustituir al INE ciudadano y volver a tener el control de elecciones —como en el viejo PRI— para asegurar mantenerse en el poder, sin que alguna fuerza política futura pueda desbancar a la 4T;
3) Desaparición de órganos autónomos.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval; la Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece; la Comisión Reguladora de Energía, CRE; la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH; la Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación, Mejoredu, así como otras comisiones y organismos se fusionarán o los absorberán otras dependencias e instituciones de gobierno…
Si algo irrita a la 4T es dar explicaciones o informar. Porfirio Muñoz Ledo lo resumió así: “El país de aquí solo mis chicharrones truenan”, refiriéndose al estilo de gobernar de López Obrador. A AMLO le molestaban los cuestionamientos. Y cuando lo avasallaban con cifras, simplemente decía: “Yo tengo otros datos”. Nunca los mostraba. Se cobijaba en la opacidad. A sus faraónicas obras las cubrió con el manto de la “seguridad nacional” para no informar sobre presupuestos, destinos, costos reales…, además de poner al ejército mexicano tareas de albañilería.
4) Guardia Nacional
Se establece que la Guardia Nacional, GN, que alguna vez se prometió estaría bajo mando civil, quede a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena.
La Guardia Nacional operará, pues, bajo mando militar. Originalmente creada en 2019 al aprobarse las reformas constitucionales conducentes se establecía que tendría carácter y mando civil. En esas mismas reformas se regulaba la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública hasta ¡marzo de 2024! Posteriormente, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea deberían abandonar las calles y regresar a sus cuarteles y bases…
Recordemos que en la campaña presidencial López obrador prometió que, de ser elegido como primer mandatario, en seis meses regresaría a los militares a sus cuarteles. No solo mintió al no regresarlos, sino que los empoderó al darles obras, presupuestos, empresas, operación de aeropuertos… Cuando se le preguntó por qué los militares no estaban en sus cuarteles como prometió, se limitó a decir: “Cambié de opinión” y san se acabó. Nunca dijo los porqués…
Las cuatro iniciativas descritas, vienen a desmantelar la incipiente democracia mexicana y sus instituciones, construidas con largas y cruentas luchas a lo largo de más de cincuenta años. Aún está fresco el movimiento estudiantil de 1968 que exigía libertades básicas: de expresión, de reunión y de protesta social pacífica. También se pedía seguridad y democracia; la brutal respuesta del gobierno y su brazo militar aún resuena en Tlatelolco, en universidades y en la memoria del país.
No es ocioso recordar que la democracia moderna se basa en tres poderes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Los dos primeros se someten a procesos electorales, no así el Judicial que requiere alta especialización y profesionalización. Al respecto, hemos visto como las ministras afines a la 4T han sido cuestionadas, corregidas, enmendadas por sus pares ante la falta de conocimiento y experiencia en la materia.
La democracia necesita de consensos, de «equilibrios», pues México es de todos, no de una limitada cofradía que privilegie la lealtad a un personaje o a un movimiento por encima del interés superior de la Nación. Eso es lo que significa 90 porciento de lealtad y 10 porciento de experiencia. Nos importa tu fidelidad, no a los principios, sino a las prioridades que te marquemos. Al final del camino lo que verdaderamente está en juego es la lucha por el poder político – económico del país.
Las iniciativas y reformas enviadas por López Obrador en septiembre de 2024, como la del Poder Judicial son un pesado lastre que Claudia Sheinbaum pretende llevar a buen puerto sin importarle la tormenta nuestra de cada día. Ninguna voz experta o competente ha sido escuchada. El gobierno autodenominado demócrata ha sido por demás autoritario y cerrado a una imperativa discusión pública. Lo hace a sabiendas que el debate lo perderían. No tienen de dónde asirse.
La Reforma al Poder Judicial es un galimatías que día a día se corrige porque se hizo a la trompa talega e impuesta contra viento y marea. Además de no haber antecedentes similares en ningún país que se respete, ha resultado ser una «caja china» que tiene al país sumido en una discusión estéril, mientras que lo verdaderamente importante y urgente es hacer un análisis y evaluación de un sexenio completo de 4T: el de AMLO…
Las promesas de López Obrador al recibir su constancia de presidente electo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 8 de agosto de 2018, son muy ilustrativas de lo que decía el político antes de asumir el poder y lo que realmente realizó en su gestión. Es muy oportuno recordar:
[…] En lo que a mí corresponde en mi carácter de titular del Ejecutivo Federal, actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros poderes legalmente constituidos. Ofrezco a ustedes, señoras y señores magistrados, así como el resto del Poder Judicial y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. […] Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos.
El ejecutivo no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a otros poderes. Cada quien actuará en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá́ a la república y el Estado Democrático de Derecho transitará del ideal a la realidad. […] En la elección del 1 de julio quedó demostrado que así́ como el autoritarismo y la abyección envilecen y desprestigian a las instituciones, la voluntad democrática de la ciudadanía puede renovarlas y fortalecerlas. […]
Reitero: voy a cumplir todos los compromisos de campaña, no le voy a fallar a los ciudadanos y abré de ser fiel en todos mis actos al interés, la voluntad y el bienestar del único que manda en este país: el pueblo de México.
Y es que si algo caracterizó al gobierno de AMLO, fue la mentira, el incumplimiento sistemático de promesas de campaña, y, lo más perverso, atizar cotidianamente desde su púlpito mañanero la división de los mexicanos. Otras acciones que definieron su gestión fueron adjudicar actividades tradicionalmente realizadas por trabajadores de la administración pública al ejército.
Contrastamos estas líneas de su discurso del 1 de julio en el Hotel Hilton tras saberse ganador de la eleccion:
«Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés general. Como afirmó Vicente Guerrero: «La patria es primero».
El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta. Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido.
Habrá libertad empresarial; libertad de expresión, de asociación y de creencias; se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución.
Las promesas de López Obrador las escribió en la arena. Sus colaboradores —de secretarios para abajo— declaraban siempre teniéndolo de testigo, como para cerciorarse de que no se salieran del guion. El mote de sus secretarios: «Floreros». Elementos de decoración, de utilería, de pura pantalla. Convidados de piedra…Todos con la cerviz baja sometidos al macuspano. Qué decir del Congreso de la Unión: diputados y senadores: “No cambiarán ni una coma a mis iniciativas”. Era la forma tácita de decir: son sumisos al Ejecutivo y obedecen con mansedumbre, presteza y servilismo a lo que ordeno.
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, fue un oneroso capricho para el país; en su lugar modificó un aeropuerto militar que ha operado con serias limitaciones y pocos vuelos. Para darle más movimiento y justificar su decisión se obligó a las empresas de paquetería enviar su carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, aunque no cuenta con infraestructura para almacenar la carga que llega. El impuesto conocido como TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto) que pagan los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, para cubrir los costos de uso de sus instalaciones, se destina a subvencionar al AIFA en detrimento del mantenimiento de la infraestructura (baños, pasillos e instalaciones en general).
Es imposible en un corto escrito enumerar todas las tropelías hechas por un grupo político sumiso a los caprichos de un hombre visiblemente trastornado por el poder. El mismo AMLO lo dijo en una mañanera: “El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos”. Solo hay dos opciones: o atonta o aloca. Juzgue usted…
En la borrachera de poder y, ante la falta de contrapesos y con instituciones diezmadas, López Obrador maniobró desaseadamente para contar con mayoría calificada en el Congreso de la Unión y hacer posibles sus reformas a la Constitución. Destaca la integración del muy cuestionado Cuauhtémoc Blanco como diputado plurinominal por Morena.
A un mes de concluir su mandato como gobernador de Morelos, dejó la gubernatura para integrarse a Morena (y de paso tener fuero para evitar ser investigado por corrupción, vínculos con el crimen organizado —fotos con narcos—, acusaciones de presunto abuso sexual en contra de una media hermana y un largo etcétera). En marzo pasado sus pares de Morena y de otros partidos, desecharon la petición de desafuero para ser juzgado por las denuncias que obran en su contra.
El caso más evidente del desaseado pragmatismo de AMLO y Morena fue con los impresentables Yunes del PAN. Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez, padre e hijo, respectivamente. López Obrador necesitaba con urgencia un senador para contar con las dos terceras partes de la Cámara (de 128 miembros) necesarias para aprobar reformas a la Constitución. Ambos Yunes enfrentaban cargos por diversos delitos. El hijo —senador de Veracruz por el PAN— por supuestos delitos cometidos en su gestión como alcalde de Boca del Río (presentar un documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal, entre otros). Por su parte, el padre —senador suplente de su hijo— acusado de presunto enriquecimiento ilícito, corrupción, compra de múltiples propiedades en Veracruz, Ciudad de México, Miami, Houston y Nueva York, además de pederastia.
Yunes Linares ha militado en el PRI, PAN y … Morena. En la administración de Felipe Calderón ocupó la dirección del ISSSTE (2006 – 2010). En 2017 fue acusado por enriquecimiento ilícito y uso indebido de recursos del ISSSTE cuando estuvo al frente de esa institución. Y aquí viene lo interesante: uno de los acusadores fue el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien entregó al presidente Enrique Peña Nieto lo que llamó «carpeta azul»: una compilación de documentos con supuestas evidencias de enriquecimiento ilícito y uso indebido de recursos del ISSSTE de cuando Yunes Linares estuvo al frente.
Se sabe que desde 2021 la fiscalía general de la República, FGR, confirmó la existencia de varias carpetas de investigación contra Yunes Linares. No es necesario ser Sherlock Holmes para discernir que dos panistas en aprietos legales se toparon con un viejo coyote alquimista que congeló varias carpetas de investigación en su contra, a cambio de su voto para tener la mayoría calificada en la Cámara de Senadores y modificar la Constitución a su antojo.
Hay preguntas imperativas: ¿Y todo esto por qué y para qué? La primera: ¿Por qué militarizar al país?
El modelo de López Obrador es «chavista», recordémoslo repitiendo la frase de Hugo Chávez: —“Ya no me pertenezco”. Y otra bola de sandeces ni siquiera originales. Solo que hay una gran diferencia con el sudamericano: él era militar, teniente coronel y comandante en jefe. Otra gran divergencia: en Venezuela la mayoría de los ministerios de gobierno están en manos militares. Aunque de facto no hay una dictadura militar, lo cierto es que no hay democracia y sí limitaciones para ejercer la libertad de prensa y derechos civiles.
Quizá lo anterior explica por qué AMLO traicionó su palabra al ofrecer regresar a los militares a sus cuarteles, cuando realmente les entregó las principales obras públicas de su administración e ingentes presupuestos, manejo de aeropuertos, etc. En el fondo buscaba una asociación con ese sector que no ofrece cuentas a nadie y sirve de manto protector en contra del escrutinio público al clasificar sus obras como de “seguridad nacional”. México no está en guerra con otros países ni esas obras son realmente estratégicas.
¿Para qué el cambio de régimen? El discurso político de AMLO y de la presidenta con “a”, hablan de cambio de régimen. La 4T y sus reformas buscan asegurar la permanencia de Morena en el poder para medrar a sus anchas sin entregar cuentas a nadie. En el boquete de 15 mil millones de pesos dejado por Ignacio Ovalle al frente de Segalmex, solo cayeron al bote algunos pececillos, fauna de acompañamiento, mientras que su director, el verdadero pez gordo, fue arropado por AMLO al nombrarlo coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal…
El INE de Guadalupe Taddei hace innecesario migrarlo a Segob. A final de cuentas opera abiertamente bajo línea de Palacio Nacional. El Poder Legislativo, servil y sumiso, integrado con muchos impresentables, al parecer opera mediante el sistema de quid pro quo: te libero de tus carpetas de investigación en la FGR (o te doy fuero) a cambio de tu voto.
El último bastión que faltaba apropiarse es el Poder Judicial. El contrapeso necesario a los otros poderes. En la administración de López Obrador, fueron varias las escaramuzas que tuvo con el poder garante y vigilante del cumplimiento de la Constitución Política que protestó respetar el 1 de diciembre de 2018 de cara a la nación y del Congreso de la Unión. No fue así. A escasos meses de concluir su gestión, el mago de las cajas chinas, dejó un paquete de 20 reformas a la Constitución. La más importante fue la Judicial. Un verdadero galimatías lleno de inconsistencias que todavía pretenden enmendar. Sometido a un desaseado y costoso proceso electoral tuvo el rechazo mayoritario de la nación, ya que poco menos de uno de cada diez mexicanos sufragó efectivamente, porque alrededor de un 3% anuló o invalidó su voto. El Poder Judicial requiere de personal altamente calificado, con carrera y especialidad en la vasta jurisprudencia que tiene la sociedad como marco de referencia para su vida. La Constitución Política es el contrato social, las reglas bajo las cuales operamos y bajo las que nos resguardamos. Para ponerlo en palabras de Luis María Díez-Picazo: “El constitucionalismo consiste, sustancialmente, en la búsqueda de mecanismos efectivos de limitación y control del poder político mediante normas jurídicas”. De concretarse el proceso electoral del pasado domingo 1 de junio de 2025, México será pionero de un experimento social de funestas consecuencias, y que Díez-Picazo resume en su libro “La criminalidad de los gobernantes”(5):
“Por un lado, desde un punto de vista práctico, los gobernantes son personas que, por razón del cargo, disfrutan de una especial capacidad de información e influencia. Pueden poner a su propia disposición los principales resortes del aparato del Estado. De aquí, no sólo que puedan hacer uso de medios delictivos con fines sectarios (espionaje a favor del propio partido, desviación de fondos públicos para objetivos espurios, etc.), sino sobre todo que estén en una condición, particularmente propicia e inalcanzable para todas las demás personas, de encubrir o tratar con indulgencia los hechos delictivos cometidos por ellos mismos o por sus colaboradores. En otras palabras, la característica definitoria de la criminalidad gubernativa radica en que, bien para cometer el delito bien para evitar que sea investigado y perseguido, sus autores pueden disponer de medios jurídicos, económicos, humanos y tecnológicos que son privativos del Estado”.
Todo indica que de no actuar ahora, de no detener las últimas reformas, pagaremos caras las consecuencias.
(1)https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/menuitem.cdd858023b32d5b7787e6910d08600a0/
(2)https://ine.mx/sobre-el-ine/historia/
(3)https://www.eleconomista.com.mx/politica/Eligen–sorteo-a-Guadalupe-Taddei-como-nueva-consejera-presidenta-del-INE-20230331-0029.html
(4)https://www.youtube.com/watch?v=b_3YZHMVqMY
(5)Luis María Díez-Picazo, La criminalidad de los gobernantes. Grijalbo Mondadori. 1996. p. 13.
Medias Tintas SLP 