“Una institución de buena fe, con mucho prestigio nacional, formadora de generaciones y generaciones de profesionistas como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no puede ni debe en ningún momento ser omisa ante la transparencia y la rendición de cuentas”, advirtió Rodrigo Lecourtois López, Auditor Superior del Estado.
Respecto de la controversia constitucional presentada en días pasados y dada a conocer por la propia UASLP ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del IFSE, el titular del órgano fiscalizador comentó que ni siquiera fue notificado al respecto, ya que hubo una declaratoria de la SCJN sobre la improcedencia de forma notoria, la recibieron, revisaron los requisitos de procedibilidad y se determinó que la UASLP no es parte para acceder a este mecanismo de defensa constitucional, fue desechada de manera automática, ya no hay manera der que se pueda revertir esta decisión.
Los entes que si pueden acceder a este tipo de controversias son los municipios, los estados, la propia federación y de forma excepcional, algunas autoridades autónomas pudieran acceder a la controversia siempre y cuando tuvieran alguna relación de coordinación con la otra entidad de quien se duele, pero en el caso local no hay una relación de coordinación entre la UASLP y el IFSE si no de supra subordinación, “Estamos en procedimiento, de investigación, de fiscalización y todavía no se ha emitido una resolución, lo que pasa es que las autoridades universitarias están tratando de hacer todo lo posible para no llegar a una resolución que les pudiera afectar”, señaló el titular del IFSE.
“Es un tema que se ha trabajado de manera equivocada, mal dirigido y así lo dicen todas las resoluciones que han emitido las autoridades correspondientes al rechazar cualquier intento de evitar la fiscalización a la UASLP”.
Al final, serán los funcionarios de la UASLP quienes tengan que cargar en lo personal con las sanciones que surjan de todo este tema, que por cierto, se han negado de manera periódica a participar en las reuniones de Sistema Estatal Anticorrupción para colaborar en las actividades propias de este órgano.
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