Flavio González Ayala
Armando Adolfo Martínez Meneces
Víctor Alfonso Tapia Miranda
México se encuentra inmerso en un tipo de situación monopólica política, en donde el partido de Morena tiene gran influencia en todo el proceso implicado en esta y futuras reformas, donde la debilitada competitividad sale del senado, y ahora se dirige en sectores fundamentales para la economía mexicana como la energía.
Por otro lado, esta reforma apunta de manera opuesta al progreso y transición que todas las economías alrededor del mundo están haciendo ante la creciente y cada vez más evidente crisis medioambiental que estamos viviendo, en la que se busca de manera constante la generación de energía con fuentes sostenibles y sustentables, que así mismo sean eficientes y beneficien a todos.
Flavio González Ayala.
Internacionalista. Candidato a Doctor en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia por la UANL.
Profesor Investigador de la Facultad de Economía de la UASLP.
Maestro en Estudios de Asia y África por El Colegio de México.

(Cullel, 2021)
El marco legal prioriza la producción eléctrica paraestatal sobre las plantas del sector privado, muchas de ellas generadoras de energías renovables. Con 68 votos a favor y 58 en contra, se aprobó en el Senado la reforma que acabaría con todo avance energético del sexenio pasado, atentando a las energías renovables como la eólica y fotovoltaica, fue aprobada por el senado (en la madrugada del 3 de marzo), por la cámara de diputados, ahora solo queda la aprobación del poder ejecutivo para poder entrar en vigor.
Una postura débil y populista que injustificadamente comenta retomar los recursos del pueblo, con argumentos extremistas de corrupción y actos desleales del sexenio pasado (muchos de ellos ciertos y aceptados por la población mexicana).
La oposición con justificación reclama que es anticonstitucional el hecho de frenar la inversión privada orientada a energías renovables, pues es acto de incumplimiento ante tratados, pactos y compromisos internacionales. La aprobación de la reforma implica un cambio radical que modificaría violentamente el rumbo de la política energética del país, donde el principal respaldo será la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues esta establece que debe haber competitividad en la nación (Art. 25°), una fuerte postura para defenderse de la oposición y La Comisión Federal de Competencia Económica. Que, junto con un análisis en tiempo récord, muestra la rapidez con la que el gobierno desea hacer el cambio, pues aplicaron solamente una cuarta parte del tiempo dispuesto para ver a detalle estos cambios (el senado ocupó una semana de las cuatro que se le otorgaron para el proceso).
(Jímenez, 2021)
El mexicano, aquel que tendrá que pagar los platos rotos. Claramente el sector privado acusa de generar la energía por medio de carbón y combustóleo es más caro, algo “falso” a corto plazo, pero verídico a largo plazo.
El problema recae en que la CFE, no cuenta con la tecnología para producir energías limpias, sin embargo, la energía actual requiere de mayor cantidad de personal, uno de los pocos puntos a favor de la condición actual, pero que saldría más caro de solventar, pues entraría en conflicto con la estrategia de AMLO de no solicitar préstamos durante la pandemia para no aumentar la deuda pública, porque el déficit fiscal aumentaría 63 millones de pesos anuales, según Rodrigo Llanada Ávila dirigente del Consejo de Coordinador Empresarial de Mexicali, y si el gobierno no puede solventarlo, el pueblo tendrá que hacerlo. Pero los efectos energéticos no se detienen ahí, por ser un servicio primordial para la producción nacional, el costo de la energía eléctrica funciona como un detonador de la inflación del país.
(HERALDO, 2021)
CFE tiene un grado complicado en la competitividad, pero no hay plan y orden que no puedan ayudar a ese problema, uno muy grave para la paraestatal y la población en general. Los apagones son un reflejo de la incapacidad productiva de la CFE, sin embargo, es importante recordar que la globalización trajo avance y desarrollo, pero, también atentó con muchas empresas mexicanas como ocurrió a lo largo de la década de los 80 y 90. El sexenio de EPN quiso fomentar la teoría económica utópica de la competitividad perfecta para generar energías más limpias, y baratas; no obstante, la administración actual va direccionada en darle monopolio a la Comisión, y esto afectaría a corto plazo por las dificultades productivas de la misma, y a largo plazo, dificultará el retorno a las energías limpias en México.
Si México apuesta por energías cuyas principales fuentes son dañinas para el medio ambiente no sólo atenta y va en contra de acuerdos medioambientales a los cuales está suscrito, como el Acuerdo de París, también posiciona al país en una potencial desventaja en cuanto a la generación de estas ya que alrededor del mundo hay países, como los miembro de la Unión Europea que ya están trabajando en una agenda ambiental sólida mediante el Pacto Verde Europeo, que pretende impulsar un uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y circular, y restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación. Y si existe la crítica de que estos países pueden hacer e implementar este tipo de proyectos debido a sus altos niveles de renta y el nivel de vida que brindan a sus ciudadanos, basta con observar el trabajo que Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá han realizado con la creación del Corredor de Energías Limpias de Centroamérica, mismo que pretende aumentar la producción eléctrica a partir de energías renovables, mismas que provienen de diversas fuentes debido a las condiciones geográficas de la región.
Por otra parte, la reforma aprobada no solo afecta en materia medioambiental y de competitividad a nivel internacional (que de por sí ya es algo bastante serio), también lo hará dentro de la economía y las relaciones internacionales de la nación, ya que estos cambios representan violaciones a acuerdos comerciales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, por sus siglas en español) y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), mismos que contienen cláusulas compensatorias en caso de infracciones, sin mencionar la repercusión que tiene este hecho en las calificadoras, posicionando a México en un lugar a un más desfavorable desde el punto de vista de los inversionistas extranjeros. Estos costos imprevistos solo suman a una crisis económica actual y remarca la nula visión a futuro del mandatario en turno y los seguidores que aprobaron estas reformas que parecen solo afectar al país y que evidentemente impactarán en mayor medida a los ciudadanos mexicanos, ya que las empresas privadas que se vean afectadas por la aplicación de estas medidas tratarán transferir este aumento a sus consumidores para reducir así sus pérdidas. Y eso en caso de que decidan quedarse en el país, porque es evidente que hay otros países en los cuales existe un menor riesgo e incertidumbre causada por un gobierno menos inestable.
La reforma energética se ha tomado como un escenario de duelo, donde el gobierno de la 4T y la oposición, dan a conocer a la sociedad de una manera escandalosa, el poder que tiene cada uno, donde claramente, ha ganado la 4T, sin meditar lo que realmente es benéfico para la nación.
Esta constante insistencia en quedarse atrapados en ideas del pasado, esa falta de visión integral que no nos permite evolucionar nos costará mucho a todos en México, pero como es costumbre, los principales afectados seremos los ciudadanos miembros de una clase trabajadora que busca vivir (y en ocasiones sobrevivir) con el fruto de su trabajo. Es necesario respetar los acuerdos y tratados a los que pertenece el país, no solo para mantener estabilidad en las relaciones políticas y económicas con las que contamos, también para buscar un desarrollo en pro del bienestar nacional.
La crisis medioambiental en la que nos encontramos es un hecho sin precedentes y si no hacemos nada al respecto podemos sufrir consecuencias verdaderamente catastróficas. La falta de empatía y conciencia por el futuro por parte de las personas que decidieron continuar con esta ley sólo remarca la falta de sentido común y visión que tienen las personas en la actual administración, por lo que es necesario que se efectúen cambios reales que beneficien a todos.
