Por Armando Adolfo Martínez Meneces
Víctor Alonso Tapia Miranda
Flavio González Ayala
INTRODUCCIÓN.-
Corrupción, inseguridad, desempleo, crisis, pobreza, muerte… términos empleados generalmente para referirse a América Latina, es triste ver como el paraíso natural de las Américas se quebraja frente a los problemas recientes de la región, mismos que siempre han existido pero, en tiempos recientes, se han hecho más latentes por la agotada paciencia de la sociedad latinoamericana, siendo cada vez es más grave y común ver a las personas manifestar sus necesidades insatisfechas. La desesperación carcome a la sociedad, al ver como la calidad de vida cae abruptamente, al tener inestabilidad en varios (o todos) los aspectos de su vida, al ver como los familiares fallecen frente a los ojos de sus seres amados, sin duda a su modo, América Latina es un infierno que ha acrecentado las llamas con la pandemia de COVID – 19, si bien Colombia ha manifestado su disgusto a escalas internacionales (al ser tendencia en Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y Telegram; llegando inclusive a ser tema de conversación en la ONU al exhortar a las autoridades colombianas a garantizar la protección de los derechos humanos de los ciudadanos por parte de Mata Hurtado, y horas más tarde en la transmisión de la ONU se desplegará miles de veces en el chat oficial de las naciones unidas en YouTube “S.O.S Colombia” , (Financiero, 2021)), no es la única nación que afronta estos problemas, son aflicciones que comparten todos los países de la región, que junto con el agravamiento de los problemas, sociales, políticos, y sobre todo, económicos, sanitarios y educativos; solidifica el potencial que tiene las manifestaciones colombianas para extenderse a toda Latinoamérica.
Es importante aclarar que las revueltas sociales comenzaron de grado leve, sin embargo, con el acto hostil del gobierno, la sociedad respondió de la misma manera, y de ahí el problema se agravó. Quizá el mayor problema de la reforma fue el tiempo en el que fue publicada, pues a un año de las elecciones en Colombia (2022), con tendencia a la baja en popularidad entre la población desde que el presidente colombiano tomó el cargo y una economía (junto con la sociedad nacional y los sectores que la componen como el sanitario, educativo o gubernamental) golpeada por la pandemia fueron los ingredientes perfectos para enfadar a todo un país, y para condimentar el plato fuerte, un intento fallido de pacificación empleada por el gobierno desde 2019.
Si bien, la reforma tributaria de Iván Duque retrocedió el domingo 2 de mayo de 2021; las revueltas continúan por la desesperación de la sociedad de tener un gobierno corrupto y una calidad de vida afectada, los colombianos no van en busca únicamente de derogar una reforma, su búsqueda va direccionada a cambiar la estructura del país, pues la paciencia se ha agotado, Colombia está exigiendo un cambio muy necesario desde varios años atrás, sin duda, ya que se ven escenarios inestables, inciertos, inseguros y por desgracia, oscuros para la nación colombiana, pero sin duda, las revueltas sociales son un acto venerable, que muchos deberían de apoyar y más concretamente en otras naciones latinoamericanas de ejecutar, pues al parecer es la única manera que la gente pueda ser escuchada, o una de las pocas y extremas formas de comenzar a realizar un verdadero cambio; es triste que en estos movimientos haya vidas que lamentar, pues sólo exigen sus derechos humanos, quizá quien mejor los entienda es otro habitante latinoamericano, perteneciente a la clase media o baja (sobre todo la última por ser la que experimenta las consecuencias de los actos deficientes de los mandatarios) que comprenda (en base a la experiencia) las carencias insoportables de la región, que muchos estipulan tener el potencial para convertirse en una potencia global.
Tal vez la reforma fiscal impulsada (y posteriormente derogada) por el un gobierno encabezado por Iván Duque, y apoyada por funcionarios del mismo, que están cada vez más desapegados de las condiciones de vida a la que se enfrentan diariamente la sociedad colombiana, que ha sufrido, y lo sigue haciendo, por una devastadora crisis económica derivada de la pandemia por el COVID. El hartazgo que convirtió a una nación en un campo de batalla, en el que el poder político usa con brutalidad las fuerzas policiales para reprimir las manifestaciones de una sociedad civil derrotada por el cansancio, la enfermedad, la corrupción y la falta de oportunidades.
Un país roto y resentido, en el que la evidente división de clases y percepción de la situación coloca a la situación en distintas perspectivas. Una parte condena a los manifestantes, acusándolos por actos de vandalismo y violencia contra los Centros de Atención Inmediata (CAI), pequeñas estaciones policiales ubicadas en muchos barrios colombianos que pretendían acercar a la sociedad con la policía, un símbolo de protección y vocación de servicio, pero que terminó por convertirse en un centro de abusos por parte de esta autoridad; la otra, aplaude la valentía de aquellos que han soportado 10 días de protesta, en los que impera la incertidumbre de no saber si ese día regresarán a sus casas, en la que cada las autoridades han desplegado ataques en su contra y que al día 7 de mayo se contabilizan tentativamente los daños humanos en 27 homicidios; 11 ligados de manera directa, 7 en verificación y 9 no relacionados con las protestas; 548 presuntas desapariciones y cientos de heridos, de acuerdo con información conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
La invisibilizarían del problema de parte de la prensa local, así como la censura a las publicaciones de personas y grupos activistas a través de redes sociales también es un problema a considerar, al igual que la tibieza en el actuar de organismos importantes a nivel internacional como la ONU, ya que si bien se han pronunciado en contra del abuso y la represión que se ha ejercido, da una sensación de falta de interés en el conflicto que sucede dentro de Colombia, por lo que se espera que en caso de no tener una solución pronta, estas instituciones cumplan con su función y establezcan líneas de acción en pro de todos los colombianos.
Como lo estableció Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA): “la OEA reconoce la protesta pacífica como un derecho básico y fundamental que debe ser protegido”. Por lo cual, la violencia en los actos policiales; que van desde golpes, hasta agresiones sexuales y asesinato, son inadmisibles desde cualquier ángulo, y aunque el coraje, desesperación y miedo de algunos colombianos se ha llegado en transformar en actos vandálicos y violentos, no debe olvidarse lo que es importante aquí: la violación de los derechos humanos en Colombia.
La colocación de la bandera colombiana al revés ha sido polémica. En condiciones normales, esta acción podría ser considerada una completa falta de respeto a la nación, pero en estos momentos, los colombianos han decidido utilizarla de esta manera como símbolo de que, literalmente, el país parece estar de cabeza, y que es necesaria captar toda la atención de la comunidad internacional para que los puedan ayudar.
Flavio González Ayala.
Internacionalista. Candidato a Doctor en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia por la UANL.
Profesor Investigador de la Facultad de Economía de la UASLP.
Maestro en Estudios de Asia y África por El Colegio de México.
Medias Tintas SLP 