Por Claudia Gómez Montealvo.
Un grupo que se encuentra en el olvido en México y en gran desventaja social son los ADULTOS MAYORES, considerándose en este grupo a las personas mayores de 60 años o más.
Sus derechos, sin duda son reconocidos universalmente y se encuentran también plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los acuerdos y tratados internacionales firmados por la República Mexicana.
Sin embargo, el problema no es el reconocimiento, es la práctica que dista mucho de lo plasmado en papel y en la ley.
El papel del Estado Mexicano debe de garantizar acciones a favor de la salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas mayores. Esto se hace a través de distintos programas ejecutados a través de instancias gubernamentales como son el Sistema DIF a través de sus distintos órdenes de gobierno y mediante el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores (INAPAM).
Ahora bien, ¿Cuál es el papel de la sociedad para con las personas adultas mayores? Si bien ninguna persona debe ser marginada, discriminada en ningún espacio público y privado por razón de edad, discapacidad o cuestión de salud, en el caso de este sector existe todavía una gran brecha entre lo dicho y el hecho.
Como sociedad y familia, aunque suene cruel, pero es real, este grupo es muy vulnerable y no hemos sido solidarios ni responsables con ellos. Consideramos que por su edad no son capaces de realizar acciones o trabajos destinados a los jóvenes por la falta de creencia que no están a la vanguardia tecnológica, además de considerar la edad y fuerza física como una limitante.
Dentro de la familia, a pesar de que en muchos casos estas personas fueron el pilar económico y moral de la familia, al llegar a la edad mayor son menospreciados y en otros casos los ven como una carga, e incluso en situaciones extremas sus familiares esperan el fallecimiento de estos para el reparto de bienes.
Si bien las instituciones públicas realizan acciones diversas desde apoyos económicos, descuentos en instituciones y comercios, desarrollo de actividades físicas, educativas y culturales.
Inclusive en el caso de una persona mayor se encuentre en situación de desamparo puede ser ingresado a un centro de asistencia social, albergue, asilo o residencia para adultos ya sea privada o pública.
Pero, no es solo cuestión de otorgar alimentos, medicinas, vestido y techo, es brindar un espacio de convivencia familiar donde la persona adulta mayor participe y siente apoyo y protección por parte de quienes lo rodean.
Otro asunto para atender inmediatamente por el Estado mexicano son las pensiones, los retiros dignos de los puestos de trabajo, una pensión digna y acorde a las necesidades de las personas evitaría cualquier acto de discriminación, abuso o explotación.
Su persona, bienes y derechos deben de estar garantizados, las personas adultas no deberían de estar en un centro comercial envolviendo productos, deberían de estar gozando del fruto de sus esfuerzos con una pensión justa, que garantice una vida decorosa.
Tenemos que trabajar tanto como Estado y sociedad para DIGNIFICAR su persona, revalorar a estas personas está en cada uno de nosotros, es reciprocidad a la aportación a nuestras vidas que han hecho estas personas por nosotros, sin olvidar que algún día nosotros seremos parte de la población de adultos mayores.
Claudia Gómez Montealvo
Estudios de Postgrado en Ciencia Política, Universidad de Oxford, Inglaterra.
Maestra en Administración y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis, A.C.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Estudios en Derecho por la Universidad del Centro de México.
Asesora de Gobiernos federales, estatales y municipales.
Consultora de diversas legislaturas del Congreso del Estado de San Luis Potosí.
Activista de diversos colectivos y asociaciones civiles, con enfoque en derechos humanos, prevención del delito, mujeres, cultura y educación.
Medias Tintas SLP 