Por David Medrano.
El gobierno capitalino que entra en funciones, encabezado por el alcalde Enrique Galindo, es uno cuyo aparato de seguridad, está desmantelado en su totalidad, pese a su responsabilidad de ser primeros respondientes, en el actual sistema de justicia, y a que son la primera línea en el combate contra el delito.
Al concluir la administración Xavier Nava, entrega una corporación desmantelada, sin las suficientes radio patrullas que contribuyan a la prevención del delito, y con un déficit de agentes muy elevado, por debajo de los estándares nacionales.
La vulnerabilidad en la Seguridad Ciudadana, es latente a pesar que el municipio de San Luis Potosí, dentro de la demarcación territorial metropolitana, es en donde más se concentra la incidencia delictiva: ocho de cada 10 delitos, son cometidos en esta zona, en donde también vive la mayor cantidad de población del estado.
Enrique Galindo alcalde de la capital, y con una amplia trayectoria dentro de las ramas de la seguridad pública y la prevención, hace una sentencia: faltan mil 200 nuevos policías a San Luis Potosí.
En forma simultánea es necesario renovar otros 400 agentes.
Galindo apunta que entre ambos conceptos, el déficit real de la corporación policiaca municipal más grande del estado, es de al menos mil 600 elementos, a lo que se debe agregar la obligatoriedad del fortalecimiento institucional, y una reestructura interna de la Dirección General de Seguridad Pública capitalina.
Por enfrente, la corporación policiaca capitalina debe enfrentar una incidencia delictiva focalizada en el Centro Histórico, la delincuencia propiciada por actividades pandilleriles en los sectores norte y la franja que se extiende desde ahí, hacia el suroriente de la ciudad, y la violencia que desatan los grupos del crimen organizado en constante disputa, por controlar el mercado de venta de la droga cristal.
Galindo anuncia por ende, la creación en el corto plazo de una Secretaría de Seguridad Ciudadana, reestructurada de su versión, y que pueda atender a los retos que esa incidencia delictiva, le imponen a la ciudad más grande del estado.
También dimensiona la tragedia que supuso una corporación desmantelada por el gobierno de Nava Palacios: ante un contrato de arrendamiento con cláusulas abusivas, la ciudad se quedó sin unidades vehiculares para realizar las tareas de patrullaje, una joven policía murió abatida por disparos de arma de fuego, mientras realizaba sus funciones en su propio vehículo.
Las patrullas habían sido retiradas días antes.
El alcalde capitalino critica que no es posible, la corporación municipal de SLP, tenga a los policías peor pagados de todo el país.
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