Con el objetivo de establecer expresamente la obligación de denuncia inmediata por parte de todo el personal educativo, directivo y administrativo, en casos de cualquier hecho de violencia en el entorno escolar, familiar o comunitario contra cualquier integrante de la comunidad educativa, la LXIV Legislatura aprobó la reforma a la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí.
Se establece que la omisión de esta obligación será sancionada conforme a la legislación penal aplicable y a las disposiciones administrativas correspondientes, garantizando en todo momento el interés superior de la niñez.
Indica que los protocolos de actuación serán elaborados de manera conjunta por la Autoridad Educativa Estatal, Fiscalía General del Estado, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para la prevención y atención de la violencia que se genere en el entorno escolar, familiar o comunitario contra cualquier integrante de la comunidad educativa, para su detención oportuna y para la atención de accidentes que se presenten en el plantel educativo.
A su vez, determinará, los mecanismos para la medición y resolución pacífica de controversias que se presenten entre los integrantes de la comunidad educativa.
En su exposición de motivos, se señala que el establecimiento de protocolos claros y obligatorios permitirá proteger a la víctima desde el primer momento; brindar certeza jurídica al personal escolar, evitando que su actuación quede sujeta a interpretaciones discrecionales; y articular la actuación del sistema educativo con la Fiscalía General del Estado y las Procuradurías de Protección del DIF estatal y municipales.
Además, de capacitar de manera periódica a todas las personas que laboran en el sistema educativo sobre sus deberes legales y procedimientos.
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