INICIATIVA DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO PARA ESTABLECER LA REPARACIÓN DEL DAÑO EN CASO DE LESIONES QUE IMPOSIBILITEN TOTAL O PARCIALMENTE A LA VÍCTIMA SU ACTIVIDAD LABORAL

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso una iniciativa de adición al artículo 143 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para establecer que en los casos de lesiones derivados de accidentes de tránsito, cuando estas imposibiliten total o parcialmente a la víctima para desempeñar una actividad laboral, el responsable estará obligado a otorgar una compensación económica suficiente y proporcional al daño causado.

La legisladora establece que actualmente el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, si bien establece sanciones para quienes cometen homicidio o lesiones culposas con motivo del tránsito de vehículos, particularmente en casos donde el conductor se encuentra en estado de ebriedad, bajo el influjo de sustancias o decide no auxiliar a la víctima o darse a la fuga, no contempla de manera expresa una obligación clara y específica de garantizar una compensación económica periódica cuando la persona lesionada queda imposibilitada para trabajar, lo cual genera un vacío importante en la protección integral de la víctima.

Por ello, se propone establecer que en los casos de lesiones a que se refiere el presente artículo, cuando éstas imposibiliten total o parcialmente a la víctima para desempeñar una actividad laboral, el responsable estará obligado a otorgar una compensación económica suficiente y proporcional al daño causado, la cual deberá cubrirse de manera periódica, mediante pagos mensuales o en la modalidad que determine la autoridad competente, atendiendo a la naturaleza y duración de la incapacidad.

La diputada Sánchez de Lira manifiesta que resulta necesario reconocer que la reparación del daño no debe limitarse a un enfoque meramente punitivo, sino que debe considerar las condiciones reales en las que se encuentra la persona afectada después del hecho, ya que una lesión que impide trabajar, no solo representa un problema de salud, sino también una afectación económica constante que puede prolongarse durante meses o incluso años, dependiendo de la gravedad del daño.

Además, se responde a una necesidad de carácter social, ya que muchas de las personas que resultan lesionadas en accidentes de tránsito no cuentan con seguros, ahorros suficientes o redes de apoyo que les permitan afrontar una situación de incapacidad laboral, lo que las coloca en un estado de vulnerabilidad que puede derivar en problemas económicos graves, endeudamiento o incluso la imposibilidad de cubrir necesidades básicas.