APRUEBAN LEGISLADORES REFORMAS A LA LEY DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO, PARA ASEGURAR ACCESO A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE FORMA SEGURA

Diputados  aprobaron modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, para que el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, sea en un ambiente seguro.

El Decreto reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes del Estado, establece que en el ejercicio del derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán acciones de prevención y protección de la dignidad humana, y el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes. 

Se indica que los medios tecnológicos deberán ser un canal efectivo para que las niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a la información, comunicación, educación, salud, y no discriminación, siempre y cuando no afecten su integridad física y emocional, y puedan acceder a contenidos acordes a su grado de desarrollo y madurez.

Además, se establece que las niñas, niños, y adolescentes mayores de doce años, podrán acceder a las redes sociales digitales con el consentimiento y supervisión del padre, madre, o quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tanto en el proceso de registro a las mismas, como en su uso.

En su exposición de motivos, se indica que el avance tecnológico también ha provocado un incremento en actividades ilegales que se cometen a través de Internet y del llamado ciberespacio, los cuales pueden generar afectaciones, sobre todo para la vida de las niñas, niños y adolescentes, tales como el acoso, hostigamiento sexual, pornografía y violaciones a la intimidad, entre otras; por lo que el Estado tiene la obligación de proteger su integridad.