A propuesta de la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para asegurar el derecho de las mujeres a la autonomía económica.
La reforma establece que las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a acceder a programas de capacitación, educación financiera y formación para el trabajo, así como a cursos, talleres y otras herramientas orientadas al desarrollo de la autonomía económica y financiera que permita generar ingresos propios y fortalecer su independencia, además de su inserción laboral y su empoderamiento económico.
La reforma fortalece el marco jurídico al reconocer la dimensión económica de la violencia y al proponer medidas concretas para enfrentarla. Al garantizar el acceso a capacitación, educación financiera y oportunidades laborales, se sientan bases más sólidas para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos y rompan ciclos de violencia.
El impacto esperado de la reforma es significativo. Más mujeres con ingresos propios, mayor participación laboral, reducción de la dependencia económica y, en consecuencia, una disminución en la permanencia en contextos de violencia. Se trata de una medida que no solo beneficia a las mujeres, sino que contribuye al desarrollo social y económico en su conjunto.
La diputada Sánchez de Lira señaló que la reforma representa un avance necesario y congruente con los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y de igualdad de género. Su aprobación permite dar un paso firme hacia una sociedad más justa, donde las mujeres cuenten con herramientas reales para vivir con dignidad y sin violencia.
La violencia económica no siempre se denuncia, pero tiene efectos directos en la posibilidad de salir de círculos de abuso. La falta de autonomía financiera limita la toma de decisiones. Una mujer sin ingresos propios tiene más probabilidades de permanecer en relaciones violentas por miedo a no poder cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda o educación para sus hijas e hijos.
Asimismo, se plantea que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso a programas de capacitación, educación financiera y formación para el trabajo. En la actualidad, muchas políticas públicas se concentran en la atención inmediata, lo cual es necesario, pero no suficiente. Sin herramientas para generar ingresos, la recuperación a largo plazo se vuelve frágil.
La inclusión de cursos, talleres y procesos de formación busca ofrecer alternativas reales de desarrollo; experiencias nacionales e internacionales muestran que cuando las mujeres acceden a capacitación laboral y educación financiera, incrementan sus ingresos entre un 20 y un 30 por ciento en promedio. Además, tienen mayores probabilidades de iniciar pequeños negocios o incorporarse al mercado formal de trabajo.
El fortalecimiento de la autonomía económica también contribuye a reducir la reincidencia de la violencia. Estudios han señalado que las mujeres con ingresos propios tienen hasta un 50 por ciento menos de probabilidad de regresar con su agresor. Este dato refleja la importancia de no limitar las acciones del Estado a medidas de protección, sino avanzar hacia estrategias de empoderamiento sostenido.
LA AUTONOMÍA FINANCIERA DE LAS MUJERES PERMITE ABANDONAR CONTEXTOS DE VIOLENCIA: DIP. DULCELINA SÁNCHEZ DE LIRA.
