San Luis Potosí se ubicó en el décimo lugar nacional con mayor prevalencia de víctimas de corrupción y se posicionó como la entidad peor evaluada de toda la región del Bajío, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2025) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El estudio revela que, durante el último levantamiento, la entidad registró una tasa de 16,720 víctimas por cada 100 mil habitantes mayores de 18 años que tuvieron contacto con alguna persona servidora pública, cifra que supera el promedio nacional situado en 15,642 víctimas.
En términos de incidencia (el número total de actos corruptos cometidos), el estado alcanzó 29,523 eventos por cada 100 mil habitantes (frente a 27,438 a nivel nacional), lo que demuestra que quienes padecen este fenómeno en territorio potosino suelen ser extorsionados o presionados para pagar dádivas en promedio casi dos veces al año.
La serie histórica del INEGI muestra que, tras alcanzar su punto más bajo en 2021 (12,611 víctimas), la corrupción en San Luis Potosí inició una escalada continua:
De 2021 a 2023 la tasa de víctimas aumentó 23.8% (pasando a 15,617), mientras que el total de actos corruptos se disparó 44.1%.
De 2023 a 2025 el indicador sumó otro repunte de 7.1% para llegar a las 16,720 víctimas actuales, superando incluso los niveles previos a la pandemia registrados en 2019 (13,114).
Al comparar el desempeño regional, San Luis Potosí encabeza el problema en el Bajío por amplio margen, ubicándose por encima de entidades vecinas como Aguascalientes (13,546), Jalisco (13,514), Querétaro (9,484) y Zacatecas (9,366).
El desglose de la encuesta detalla que el contacto con autoridades de seguridad pública y tránsito concentra el mayor porcentaje de experiencias de corrupción en la entidad, con 63.5% de los casos reportados.
Le siguen los permisos relacionados con la propiedad (32%), solicitudes o pagos diversos (29.3%), trámites para la apertura de empresas (27.5%) y gestiones ante el Ministerio Público o Fiscalía (22.3%).
Además del impacto institucional, la corrupción representa un golpe directo al bolsillo de las familias potosinas. El costo económico promedio por víctima ronda los $4,850 pesos anuales (cercano a la media nacional de $5,432 pesos), monto equivalente a más de dos semanas de salario mínimo vigente.
A pesar de la afectación económica, la impunidad es prácticamente absoluta, ya que el 95.8% de los actos de corrupción en San Luis Potosí no se denuncian ante las autoridades correspondientes. Entre las principales razones señaladas por la ciudadanía destacan la percepción de que denunciar es «una pérdida de tiempo» o inútil, el haber accedido al pago para agilizar un trámite o evitar una multa mayor, y el temor a sufrir represalias por parte de los propios funcionarios o corporaciones policiales.
Sin embargo hay un dato contrastante, aunque la experiencia real colocó a San Luis Potosí en el Top 10 nacional de víctimas, la percepción general de la población sobre qué tan frecuente es la corrupción en el estado (78.8%) se ubicó entre las nueve más bajas del país, lo que refleja, acorde al estudio, una normalización del problema en el trato cotidiano con las instituciones.
(imagen de IA)
