Augusto Arévalo.
Entre los años 2012 a 2014 se exponía una descomunal desconfianza en las instituciones públicas en América Latina. Incluso, en Colombia se ha valorado la ejecución de las tareas a cargo del Ejército Nacional, que precariamente obtenía un porcentaje muy bajo de aprobación por parte de la ciudadanía: pero lo que resultaba inexplicable, era la creciente desconfianza de los colombianos en su justicia, que se comparaba con el tratamiento legislativo del Congreso de la República, con alrededor un 85 % de desaprobación en su gestión.
Esta tendencia de descontento se percibía respecto a las altas cortes del estado colombiano, donde los hechos concretos reportados ampliamente en los medios de comunicación señalaban que esa percepción no se trataba de propaganda transmitida por algún sector de la sociedad, que pretendiera exagerar la verdad del estado de las cosas.
El escándalo de la multinacional brasilera Odebrecht, reafirmaba que la corrupción, no era un asunto local, sino que al contrario “pincelaba” a otros países de América Latina.
Los contextos ilegales, ya traspasaban la jerarquía del narcotráfico, creando un nicho aún más empoderado conocido como “microtráfico” haciendo alusión al mal ponderado uso de la zoología en la política nacional. Sin duda alguna, estas pequeñas píldoras delictivas, hicieron que la debacle en el aumento de los cultivos de uso ilícito lograra abarcar los mayores índices en la historia de Colombia.
La realidad es que la corrupción, sigue siendo una tendencia que “está de moda” y que las organizaciones criminales se reinventan para lograr superar la capacidad de inteligencia policial, militar e investigativa de las instituciones colombianas. Esta sinopsis, identifica los patrones históricos y decisiones jurídicas, que siguen siendo inoperantes, por que la delincuencia va a kilómetros de distancia de la legalidad y la justicia se ha quedado rezagada en el fondo del abismo.
Medias Tintas SLP 