Por Flavio González Ayala.
Armando Adolfo Martínez Meneces.
Víctor Alfonso Tapia Miranda.
INTRODUCCIÓN. –
Hay que entender que los datos biométricos son aquellos que permiten a una persona identificarse por medio de sus características biológicas y fisiológicas (ONU), es decir, aquellas características de nuestro cuerpo como las facciones faciales, el iris del ojo, o nuestra huella dactilar, entre otras, que nos permiten identificarnos del resto del mundo. La importancia de estos datos es que son irrepetibles, pues ningún ser humano comparte con exactitud estos datos (ni los gemelos), por lo que el rastreo de datos sería mucho más efectivo. No hay duda de que la tecnología ha evolucionado a pasos agigantados, pues nadie habría imaginado que algo que no podíamos siquiera imaginar hace algunos años, sería hoy en día nuestro punto de acceso, medición y rastreo, al mundo tecnológico al cual estamos anejados, pues a través de este medio trabajamos, comemos, e incluso tenemos acceso a bienes y servicios vitales (actualmente se requiere registrarse en medios digitales para tener acceso a la vacuna COVID-19).
ARGUMENTOS. –
Muy bien, pues ya hemos entrado a esta nueva era tecnológica, debido a que el Senado, después de una ardua discusión, ha autorizado condicionar los datos biométricos.
¿Cómo sucedió?
Todo comenzó con la aprobación (muy cerrada por cierto pues fue avalada con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, en lo general, y con 56 a favor, 52 en contra y siete abstenciones) para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para así crear un padrón cual nombre será Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, base de datos donde se pretende recolectar toda la información, con un costo aproximado de $109 millones MXN el primer año, y alrededor de los 80 y 90 millones de pesos en los años subsecuentes, con el objetivo de mitigar los efectos de secuestros y extorsiones, entre otros delitos federales.
La rápida aprobación del dictamen fue consecuencia de la gran presencia que tiene Morena en el senado, del 48% con 60 representantes que pertenecen a dicho partido político, mientras que los principales opositores pertenecen al PAN, PRI, PRD y a Movimiento Ciudadano, mismos que alegan y defienden la innumerable cantidad de inconvenientes e inconsistencia de esta reforma, anunciando que esta es inconstitucional ya que violenta garantías fundamentales de los mexicanos, además de poner en riesgo su seguridad.
¿Qué implica?
Proporcionar los datos íntimos e inmodificables como los físicos (como tu número de telefonía móvil, nombre, denominación social, nacionalidad, CURP, firma, entre otros), y biológicos (como los datos biométricos que se han comentado, además del tono de voz).
¿Ha sucedido antes?
Si, en el sexenio de Felipe Calderón, quizá el proyecto RENAUT (Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil) suene familiar, pues este registro se mantuvo en resguardo de la secretaria de gobernación, donde únicamente se solicitaba la CURP, sin embargo, en menos de dos años el proyecto flaqueó, al descubrir que los registros se vendían en el mercado negro por $500 MXN (entre otros factores, como el bajo porcentaje de registros), ¿Se imagina lo complicado y preocupante que sería que los datos caigan en las manos equivocadas? En ese caso, dicho mercado logró recabar gran cantidad de información únicamente con la CURP, lo preocupante es que, en este caso, claramente no se trata de datos como un correo electrónico, un número móvil o simplemente la CURP, pues solicitan (por no decir exigen) datos muy importantes como nuestra huella dactilar, o rostro, mismos que no podemos modificar en caso de tener problemas con dichos datos, ya que son datos vitalicios.
¿Cuál es el efecto en la población?
El problema de ello recae, y en los riesgos que implica, pues se está sujeto a la clonación de la tarjeta SIM (medio por el cual condicionarán los datos biométricos), para realizar actos delictivos y el responsable sea el que está registrado(a) en el padrón, una mayor fortaleza estatal, un atentado irreversible a los derechos humanos básicos (como el de la intimidad, al de la comunicación…), por acceso a servicios básicos (como banca, registros, telefonía móvil, etc.) agudizando así la brecha digital.
También tendrá repercusiones económicas que terminan recayendo en los consumidores finales, que somos los ciudadanos mexicanos. Por un lado, porque la recabación de estos datos representará un aumento en los costos para las empresas de telecomunicaciones que brindan este servicio, mismos que tratarán de transferir en cierta medida a sus clientes, mientras que del otro lado está el financiamiento de dicho padrón, el cual será extraído de los recursos públicos que provienen de los impuestos de los contribuyentes.
Un mal, disculpa, “registro”, ¿Necesario?
Al parecer no, pues la Asociación Mundial de Operadores de Telefonía (GSMA), por medio de Luis Fernando García; argumenta que no existe relación entre el registro de SIM y la reducción de crímenes, además de postular que se trata de un acto innecesario, costoso y riesgoso, por tener herramientas como la geolocalización si de rastreo y datos personales se trata.
Se debe de estudiar más a fondo las implicaciones e impacto que tendrá esta medida en caso de llegar a ser aplicada, ya que no existe la suficiente evidencia que prueben que son mayores las ventajas que las desventajas de crear dicho padrón, e incluso, la evidencia resultante de diversas investigaciones y artículos de investigación apuntan a que conduce al surgimiento de otros delitos aún más peligrosos, como la suplantación de identidad, y al crecimiento de actividades delictivas dentro del mercado negro.
Como lo hemos comentado, ¿Hay intereses de por medio?
Al parecer si (como es costumbre), pues con la recolección de este tipo de otorga un gran poder al Estado, pues solo 17 naciones son las que cuentan con este padrón, los cuales, tienen en común que carecen de un sistema democrático efectivo, algunas de las naciones que cuentan con el registro son China, Arabia Saudita, Afganistán, Venezuela…, tentador, ¿Verdad?
Estas y otras preguntas resultan relevantes para entender la magnitud del problema, mismo que da mucho de qué hablar, observar y tratar. Es importante recalcar que nuestros datos quedarán registrados por medios tecnológicos, maquinas que a diferencia del humano, no olvidan, y las circunstancias parecer indicar que se comienza por mal camino ya que día a día nos enfrentamos a vulnerabilidades cibernéticas, que han mermado nuestra confianza, y nuestro único “amigo”, la autoridad estatal, suele ser visto como el actor responsable de la escena, sin embargo, en el caso mexicano, no es así, pues muchas de las veces no cuenta con el presupuesto, manufactura, o incluso, situaciones favorables para hacerlo. Lo preocupante sucede cuando la información va en contra de los intereses, integridad, derechos humanos y destinatarios que deseamos.
CONCLUSIÓN. –
¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta este punto? Al leer este tipo de noticias resulta increíble de creer que se estén suscitando estos acontecimientos en México. Si bien el país nunca ha sido el modelo de una democracia perfecta, cada vez resulta más aterrador el debilitamiento del Estado de derecho que ha ocurrido desde que llegó al poder un partido político orgullosamente autoproclamado como de izquierda.
La incertidumbre que provocan este tipo de decisiones, tomadas por este grupo con mayoría dentro de las instituciones de poder dentro de la nación, reflejan la situación crítica en que se encuentran las instituciones, organismos y población mexicana. Es inconcebible la aparente falta de conciencia, inteligencia, pero, sobre todo, de una visión integral e incluyente hacia el futuro, ante las que incurren aquellos cuyo trabajo es “representar” a la población en los espacios de poder en los cuales se busca el bienestar y desarrollo de todo el país.
Aunque este instrumento ha sido aprobado por la Cámara de Senadores y enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, aún existe la esperanza de que algunos otros legisladores, pertenecientes a la oposición, organismos reguladores tales como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y/o organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos presenten denuncias y acciones en contra de la inconstitucionalidad que representan estas reformas, mismas que con esperanza terminen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una resolución positiva que impida que se vulneren los derechos humanos de los mexicanos, como pretende hacer el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Flavio González Ayala.
Internacionalista. Candidato a Doctor en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia por la UANL.
Profesor Investigador de la Facultad de Economía de la UASLP.
Maestro en Estudios de Asia y África por El Colegio de México.
Medias Tintas SLP 