Giselle Meza Martell.
Las comunidades y los pueblos indígenas, son aquellas que formas de unidad política, social, económica y cultural; quienes están asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
En ese sentido, la ley establece los mecanismos y criterios para la identificación y delimitación de las mismas, tomando en cuenta además de los anteriores, los criterios etnolingüísticas, lo anterior a partir de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, en su artículo noveno.
Por otro lado, hacer y ser comunidad prehispánicamente era lo común, el desarrollo, ciencia, historia y cultura sencillamente era bajo una sincronía con los recursos y las tierras que hoy conocemos como latinoamericanas. Posteriormente, llega el acto violento de la conquista donde se cree que terminó con un acta de independencia contra la Corona Española, pero desde el 12 de octubre de 1492 se sigue luchando contra la colonización.
El colonialismo no es un caso del pasado, es un asunto que lleva siglos de opresión con el que día a día los pueblos y comunidades originarias luchan para visibilizarse y no ser más esa voz excluida del sistema a partir de actos violentos. Colonizar es un acto de exterminio, y que no ha terminado a partir de las nuevas formas de colonización e incluso apropiación de cosmovisiones que lejos de proteger, el Estado impone sus sistemas frente a la cosmovisión de los pueblos indígenas, a grado tal que se les ha condenado a la exclusión y por ende a la pobreza en un sistema económico globalizado.
E incluso, en materia electoral no es la excepción, pues han llegado personas mestizas a querer apropiarse de sus espacios, de sus sociedades, de sus sentipensares, de sus lenguas, no solo desde la imposición sino incluso con medidas basadas en figuras legaloides que les arrebatan sus propias posibilidades de expresión. Si bien es cierto que mantienen de forma muy admirable sus usos y costumbres, su organización como pueblos; a la fecha la mayoría de quienes están asentados en San Luis Potosí, cumplen algún cargo de la comunidad a la que pertenecen.
En ese sentido, muchos de ellos viajan a su lugar de origen para cumplir con el encargo que les ha otorgado su comunidad, y definitivamente tienen diversas situaciones que no se les ha resuelto en el tiempo y se han incrementado las problemáticas a través de los años, pues la gran mayoría se dedican al ambulantaje, sin acceso a un empleo formal, y que a lo mucho tienen permisos especiales para operar en ciertas zonas de la ciudad; no obstante, las demás comunidades son itinerantes en riesgo de que autoridades municipales les quiten su mercancía, entre otros posibles abusos.
Las comunidades han tenido que “amestizarse” ante la indolencia de las autoridades gubernamentales y de la misma comunidad que no pertenece a los pueblos originarios, pero aun así ellas y ellos siguen con sus pertenencias en usos y costumbres, lengua; tiene que hacer frente a una realidad de migración en una ciudad que no les ha abierto las oportunidades, principalmente laborales.
Finalmente, el Estado tiene que dar respuestas, claras y puntuales, y libres de violencia para estas comunidades que han aprendido a interactuar con las autoridades constitucionalizadas ante la exigencia y el ejercicio de sus derechos a través del reconocimiento de su pertenencia y cosmovisiones al hacer comunidad; pues no podemos seguir con la discriminación estructural e invisibilización histórica de quienes nos han dado fundamento de historia y cultura por ser aquellos que tienen la relación con todo lo que debiera significar Latinoamérica.
Giselle Meza Martell.
Licenciada en Derecho, especialista en derechos humanos, políticas públicas, legal-gubernamental.
Certificada internacionalmente en Control de Convencionalidad, ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018.
Medias Tintas SLP 