Por redacción.
Ante los hechos ocurridos el pasado jueves 9, en donde perdieron la vida más de 55 personas, todos ellos migrantes, entre las poblaciones de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, las palabras de reclamo y advertencia de los Obispos congregados en la Conferencia del Episcopado Mexicano, cobran mayor vigencia.
Así se expresaron días antes del lamentable accidente: “La situación de las personas migrantes en Tapachula, Chiapas, ha llegado a tomar una dimensión y complejidad alarmantes”. “El Gobierno Federal ha incumplido con los compromisos realizados con las personas migrantes para su traslado y regularización migratoria, lo que ha desatado una escalada de inconformidades derivando en bloqueos carreteros y conflictos con la población local. Esto ocasiona que se ponga en riesgo la integridad física tanto de las personas migrantes como de la población”, denunció la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
Hacinamiento, la demora en los trámites de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, visa humanitaria, los hostigamientos y abusos de parte de autoridades locales y federales, contra los migrantes que esperan respuesta a las tantas «promesas incumplidas de parte del Gobierno Federal», ha provocado una situación desesperada que ha llevado incluso, según los obispos, a generar brotes de violencia entre los mismos migrantes.
La situación es “caótica”, marcada por el “sufrimiento, desesperación y violencia”. Además, advierten que numerosos migrantes han tomado la carretera costera de Chiapas en caravanas, “exponiéndose al colapso por el sol, hambre, deshidratación y enfermedad”, para reclamar al gobierno una solución.
La CEM mostró su preocupación, a través de su comunicado por una “política confusa e ineficaz del Gobierno Federal, la indiferencia del gobierno estatal y el rol de espectadores de los gobiernos municipales”, los obispos subrayan que “hoy más que nunca urge una intervención decidida de los tres niveles de gobierno”, apegada a los derechos fundamentales de las personas migrantes.
En el mismo documento la CEM también expresó su “decepción” por el anuncio del gobierno mexicano de reanudar el programa MPP (Protocolo de protección al migrante) mejor conocido como “Quédate en México”, firmado con Estados Unidos, que obliga a miles de solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en el lado mexicano de la frontera mientras se resuelve su trámite.
Para los obispos, este programa “viola múltiples principios internacionales en materia de refugio y asilo, como el derecho al debido proceso y a la no devolución”. Igualmente, critican que el MPP no permite el debido ejercicio de los derechos fundamentales de las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado.
Cientos de migrantes se encuentran varados en Tapachula, Chiapas, sin que el Instituto Nacional de Migración (INM) cumpla con la propuesta de que serían trasladados a otros estados del país para continuar con los trámites migratorios. Sin embargo, son cada vez más el número de migrantes, sobre todo de nacionalidad haitiana, que esperan por su regularización y traslado en autobuses, durmiendo en las inmediaciones de un estadio ahora reconvertido en centro de atención, esperando se les atienda y les traslade.
Pero también existe la denuncia de algunas organizaciones de defensa de derechos humanos que han señalado que muchos de los migrantes que fueron trasladados, han sido abandonados en otras ciudades, sin ningún tipo de asistencia por parte del INM.
Unido al laberinto burocrático que supone la tramitación de la solicitud de asilo y las fallas de una asesoría legal, la falta de infraestructura, la inseguridad, los diferentes tipos de violencia que enfrentan los migrantes y la presencia de grupos criminales en la frontera, hacen del MPP un programa destinado al fracaso y una excusa para detenciones y deportaciones masivas.
El episcopado mexicano reiteró su disponibilidad para un diálogo con el Gobierno Federal, a fin de “canalizar propuestas efectivas en beneficio de las personas migrantes, solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, personas mexicanas deportadas y en situación de desplazamiento forzado interno”.
Los obispos manifestaron su agradecimiento y reconocimiento a la labor de los Albergues y Casas del Migrante de la Iglesia Católica en las distintas diócesis en todo el país, que han continuado con su labor humanitaria de atender a las personas más pobres, y vulnerables, así como a todas las personas, religiosos y laicos, que los llevan adelante, los obispos piden a la Virgen de Guadalupe ilumine su camino y los anime a seguir creyendo en un mundo más fraterno y sin fronteras.
Con información de Vatican News
Medias Tintas SLP 