Por Claudia Gómez Montealvo.
El simple hecho de mencionar la palabra “aborto genera polémica en una sociedad tan conservadora y religiosa como lo es la potosina. Si bien, para algunos grupos próvida este hecho es un pecado y trasgrede lo que llaman el derecho a la vida para otros grupos es un derecho humano a decidir sobre el cuerpo de la mujer.
El Código Penal del Estado de San Luis Potosí establece en su art, 150 …” Es excluyente de en el caso de aborto, cuando:
- Aquélla sea resultado de una acción culposa de la mujer embarazada;
- El embarazo sea resultado de un delito de violación o inseminación indebida. En estos casos, no se requerirá sentencia ejecutoria sobre la violación o inseminación indebida, sino que bastará con la comprobación de los hechos, y
- De no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.
Aunque el “aborto” sea tipificado como un delito, eso no impide la práctica clandestina de este, situación ante la cual muchas mujeres exponen su vida al recurrir a parteras, médicos y practicantes que operan en la clandestinidad.
En este tenor, estamos hablando de una cuestión de “seguridad y de salud”, al realizar estas prácticas las mujeres se encuentran en situación de riesgo. No se trata de criminalizar a la persona o de satanizarla, es un derecho a la salud.
Muchos cuestionan las razones y juzgan, pero no saben la historia de vida de las mujeres que se encuentran en esta situación, muchas personas las llaman irresponsables, otras voces opinan que deberían de dar a los bebés en adopción otros hasta llegan a categorizarlas como putas.
Los calificativos y discriminaciones están de más. Debemos de respetar la decisión de las personas y si no afecta en nuestras vidas particulares las decisiones de las mujeres con respecto a su cuerpo y el Estado Mexicano debe de garantizar ante todo el derecho a la salud, no veo por qué un acto de esta naturaleza en estos tiempos debe de ser tan cuestionado.
La legislación debe de actualizarse e innovarse a los tiempos y exigencias de los ciudadanos, no soy una mujer que se encuentre en contra de las pro vida o las pro aborto. Soy una mujer que ha conocido niñas de comunidades rurales que han sido violadas incluso por sus parientes, y en su estado de ignorancia y por sus escasos recursos económicos han parido un hijo no deseado o en otros casos han acudido a la comadrona, porque para denunciar el delito de violación hay que hacer uno y mil procesos y pasar por toda una travesía.
Los grupos religiosos podrán decir que en estas situaciones estas mujeres deberían de dar a los hijos en adopción,
Esta y otras situaciones colaterales no se denuncian y no son parte de las estadísticas. Es mucho mejor establecer disposiciones sanitarias para realizar estas prácticas de interrupción del embarazo que permitan un seguimiento oportuno, genere estadísticas y diagnósticos que nos permitan crear políticas públicas en beneficio de las mujeres.
Claudia Gómez Montealvo
Estudios de Postgrado en Ciencia Política, Universidad de Oxford, Inglaterra.
Maestra en Administración y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis, A.C.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Estudios en Derecho por la Universidad del Centro de México.
Asesora de Gobiernos federales, estatales y municipales.
Consultora de diversas legislaturas del Congreso del Estado de San Luis Potosí.
Activista de diversos colectivos y asociaciones civiles, con enfoque en derechos humanos, prevención del delito, mujeres, cultura y educación.
Medias Tintas SLP 