Una mirada desde la política pública
Por Lesly Ita Andehui Meléndez
@ita_andehui
La acción colectiva.
Los días 25 de cada mes se pone en marcha la Campaña Naranja ÚNETE #DíaNaranja impulsada desde el 2008 por la ONU Mujeres y que tiene el objetivo de generar consciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, decretado oficialmente por la ONU en 1999. En este contexto, la palabra feminicidio tiene una relevancia internacional ya que reconoce la situación de vulnerabilidad de las mujeres en relación a los hombres, al establecer que las primeras pueden perder la vida por razones inherentes a su género y completamente independientes a su actuar (Elizondo, Saraí. 2021).
En México han pasado 54 días después de la marcha del 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer” realizada en muchas partes de la República Mexicana, dicha movilización ha pasado de una exigencia social a una vida libre de violencia y la indignación por el feminicidio a ser la crónica de vidrios rotos, puertas incendiadas y consignas, sin mayores consecuencias. Sin embargo, el 25 de abril la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamó al gobierno de México a reconocer como una prioridad en la agenda nacional el tema de violencia de género y a las autoridades de todos los órdenes de gobierno, a realizar las acciones que les competen de prevención y atención.
Marco jurídico.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), durante su 52º período de sesiones realizado del 9 al 27 de julio de 2012, instó al Estado mexicano en su recomendación número 19a: a adoptar las medidas necesarias para garantizar que la codificación del feminicidio se base en elementos objetivos que permitan su adecuada calificación en los códigos penales locales; acelerar su codificación en esos códigos penales pendientes; normalizar los protocolos de investigación policial para el feminicidio en todo el país; e informar sin demora a las familias de las víctimas. El 11 de febrero de 2007 fue publicada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la cual ha sido reformada constantemente de acuerdo con la realidad social y necesidades del país y tiene en cuenta la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), definiéndola en su artículo 22 como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad y tiene como objeto fundamental garantizar la seguridad de las mujeres. El artículo 30 del Reglamento de la LGAMVLV tiene como finalidad detener y erradicar la violencia contra las mujeres a través de acciones gubernamentales de emergencia conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios. Desde el 14 de julio de 2012 el Código Penal Federal contempla el feminicidio en su Art 325 capítulo V.
Es importante que exista la perspectiva de género en la legislación, sin embargo es esencial traducirla a la incidencia real para ponerle freno a una parte de la crisis de seguridad que vive México. Prueba de que la tipificación del delito no ha sido suficiente es la alta tasa de impunidad: varias organizaciones de la sociedad civil denuncian que sólo un 4% de los feminicidas son condenados (Elizondo, Saraí. 2021).
Violencia, la otra pandemia.
La violencia y la discriminación contra las mujeres constituyen una violación a los derechos humanos, ese es el enfoque con que tiene que investigarse y sancionarse cualquier acto que produce o puede producir daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, incluyendo la amenaza de dichos actos, la coerción o privación arbitraria de la libertad, en la vida pública y privada (Olamendi, P. 2016).
Según el INEGI los datos de la Encuesta Nacional de Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) en 2016 las mujeres de 15 años y más a nivel nacional, han sufrido algún tipo de violencia en el contexto comunitario, familiar, patrimonial, escolar, laboral y de pareja.
Según datos de la CEPAL México en el 2020 es el segundo país con 948 en números absolutos (cuantificación anual) de homicidios de mujeres asesinadas por razones de género, con una tasa del 1.4 por cada 100.000 mujeres.
El tipo de violencia de las cuales son víctimas las niñas de 10 a 12 años es que dedican el doble de tiempo a tareas domésticas, 200 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación genital, 13 millones de niñas en el mundo de 15 a 19 años ha sufrido relaciones forzadas (violación), 650 millones se han casado (matrimonio infantil forzado) antes de cumplir 19 años. En el periodo de 2015 a 2018 hubo 194 feminicidios de niñas y adolescentes, tres mil 44 casos de corrupción de menores, 671 homicidios dolosos, 12 mil 545 lesiones dolosas; 201 casos de tráfico de menores y 427 de trata de personas, según ONU Mujeres.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar (ENDIREH) 2017, el 62.7% de las mujeres de 15 años o más han padecido por lo menos un incidente de violencia. En el periodo de 1990 – 2019 el número de muertes de mujeres accidentales y violentas (suicidios y defunciones femeninas con presunción de homicidio) fue por causa de homicidio en 1990 de 1,258 alcanzando una cifra record para el 2019 de 3,750 mujeres.
*Se consideran muertes accidentales y violentas a aquellas sucedidas por accidentes, suicidios y homicidios, según año de ocurrencia. Fuente: INMUJERES, SESNSP y ONU Mujeres a partir de INEGI, Estadísticas vitales de mortalidad, Base de datos de Defunciones Generales (2020)
En México la evolución de la tasa nacional de defunciones femeninas con presunción de homicidio, según el año de ocurrencia en el periodo de 1985 – 2019 podemos observar un considerable ascenso a partir del 2007 sin embargo para el año 2008 esta cifra va en aumento con 1,452 defunciones hasta 3,750 para el año 2019.
El acumulado de defunciones femeninas con presunción de homicidio en los periodos de 1985 – 2019 fue de 63,324 y del 2007 – 2009 de 33,501 (tasa nacional).
Los datos sobre el feminicidios en México en los últimos años nos arrogan que los homicidios a mujeres siguen en aumento, el 2015 cuantifica 412 feminicidios y para el año 2019 fueron 969.
El máximo número de feminicidios en un mes se registró en agosto de 2021 con 109 casos. En enero de 2022 se registraron 75 feminicidios. La tasa de feminicidios en México durante 2021 fue de 1.47 por cada 100 mil mujeres.
Políticas Públicas. Gasto Público para Seguridad.
Como observamos a partir del 2007 se incrementó el gasto para seguridad pública de ese año se elevó a más de 13 mil millones de pesos en los primeros tres meses de este año, una cantidad sin precedente, de la cual 47.6 por ciento (casi 6 mil 200 millones de pesos), al siguiente año (2008) comienza un repunte en las defunciones femeninas con presunción de homicidio y ese mismo año se crea la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la Procuraduría General de la República. Para el periodo 2007 – 2009 el porcentaje del PIB del presupuesto público federal en México para la función orden, seguridad y justicia fue como se muestra en la siguiente tabla:
Para el año 2020 a México los delitos nos costaron el 1.85% del Producto Interno Bruto (PIB) según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Gobierno Federal asignó a esta área 328,122.3 millones de pesos, que representa 1.1% del PIB. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) señala que en 2020, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó 277,600 millones de pesos, que significa 1.8% del PIB. Esto equivale a 7 mil 155 pesos por persona afectada.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de diciembre de 2018 a mayo de 2021 se abrieron 110,782 expedientes por homicidios, tanto culposos como dolosos. La cifra contrasta con los 83,836 expedientes registrados en los primeros 30 meses de la administración del priista Enrique Peña Nieto (diciembre de 2012 a mayo de 2015), y con los 68,135, con el panista Felipe Calderón, quien emprendió una “lucha” contra el narcotráfico (De la Rosa, Yared).
La directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C. (CIEP) Alejandra Macías, menciona – “hicimos una comparación de cuánto faltaría para cubrir ese costo del delito (que es de 1.8%), porque el gasto de seguridad ronda en 1% del PIB desde hace 11 años. No se ven muchas variaciones en el gasto en seguridad, lo que vemos es que hay recursos que se van a infraestructura y otro tipo de actividades que no tienen que ver con combate al delito” (De la Rosa, Yared)
Por otra parte también mencionó que – “El país no tiene una estrategia para el combate a la inseguridad. Se destinan recursos de manera inercial. En un Plan de Desarrollo dice que se iban a destinar más recursos a prevención, eso no lo estamos viendo. Vemos que no se destina más (recursos) a policías municipales; incluso, vimos que el año pasado desparecieron el FortaSec, que era para seguridad municipal” (De la Rosa, Yared).
Presupuesto en seguridad
Medias Tintas SLP 